Desde fines de 2005 APU, PIT-CNT, AMARC, Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de la República, junto a otras organizaciones y personas integrantes del Foro de Comunicación y Participación Ciudadana, veníamos solicitando que se llegara a una decisión sobre la revocación de estos permisos, dado las graves constataciones a las que arribó la Dirección General de Impositiva acerca de que estas frecuencias habían sido utilizados por sus titulares para defraudar al propio Estado que subsidiaba su actividad.

Por tanto ahora solicitamos al Poder Ejecutivo y la URSEC,

·  Que las frecuencias vacantes en Montevideo y en Maldonado no sean otorgadas por el momento hasta tanto no se estudie detenidamente cuál debe ser el destino definitivo de esas frecuencias en función de una nueva Política Nacional de Comunicaciones.

·  Que, en virtud que el Parlamento Nacional está considerando la aprobación del proyecto sobre Ley de Radiodifusión Comunitaria y la escasa disponibilidad de frecuencias en Montevideo y Maldonado pueden hacer inviable su efectiva aplicación así como la necesidad de garantizar una mayor diversidad en la propiedad de los medios en estas dos ciudades, se reserven dichas frecuencias para el uso de entidades sin fines de lucro, tanto comunitarias, públicas o cooperativas.

.  Que alguna de esas soluciones contemple a los trabajadores y trabajadoras en plantilla de las emisoras en cuestión.

2) En cuanto a la adjudicación de frecuencias en el interior del país a nuevos permisarios, reivindicamos que tan importante como un efectivo control de la correcta utilización de estas frecuencias, en función del interés general y público, son los procedimientos para otorgar frecuencias a nuevos operadores en radiodifusión.

Ante la convocatoria a interesados en acceder a servicios de FM en Chuy, San Gregorio de Polanco y Punta del Diablo, APU y AMARC quieren manifestar su preocupación por la posible reiteración de procedimientos discresionales en el otorgamiento de frecuencias radioeléctricas en nuestro país.

Este aspecto ha sido reiteradamente cuestionado por parte de la Sociedad Civil y también en el pasado por el partido político que actualmente ocupa el gobierno, al constatarse que esta potestad del Estado ha sido utilizada sistemáticamente por diversos gobiernos para premiar dirigentes políticos y empresarios cercanos a los gobiernos de turno y para castigar a quienes son críticos a su gestión.

De acuerdo a las mejores prácticas internacionales, estos mecanismos debieran garantizar igualdad de oportunidades a todos los interesados, ser transparentes y anunciados públicamente, y los requisitos de admisibilidad, condiciones de uso, criterios de evaluación y procedimientos de selección estar claramente establecidos en la normativa con suficiente antelación.

El actual marco regulatorio de radiodifusión no se corresponde con estos estándares y por tanto, de no modificarse no podrá asegurarse el respeto de derechos fundamentales como la libertad de expresión y de información.

Por tanto, APU y AMARC solicitan al Poder Ejecutivo y la URSEC:

·  Que detengan estos y otros llamados a interesados en curso, hasta tanto no definir nuevos procedimientos, ajustados a las mejores prácticas internacionales y que aseguren igualdad de oportunidades y garanticen una mayor diversidad y pluralidad de medios en nuestro país.

·  Que habiliten un mecanismo de consulta pública para su elaboración, con plena participación de la Sociedad Civil y Universidades con carreras de Comunicación.

                                                                                                                            Mónica Giordano    Manuel Méndez                                                                                                                                           AMARC                   APU