ANNI Bolivia identificó 400 anuncios diarios de servicios de damas de
compañía y supuestos centros de masaje en 9 periódicos nacionales.
Más de 1.450 niñas y mujeres
adolescentes bolivianas, entre las edades de 11 y 17 años de edad son
víctimas de violencia sexual comercial, muchas de ellas son atrapadas
a través de avisos que se anuncian en ciertas agencias de empleo
privadas, así como aquellos sobre modelaje y servicios de compañía,
difundidos en varios medios de comunicación, sobre todo escritos.
En Bolivia existen algunos medios de
comunicación que promueven el delito de violencia sexual comercial
por medio de la publicación de anuncios donde ofrecen “servicios
sexuales” en casas de masajes, en varias de las cuales se
encontraron a niñas y mujeres adolescentes. Así como también,
existen anuncios de búsqueda de modelos, una forma encubierta de
reclutamiento de niñas y adolescentes para la explotación sexual,
señaló Elizabeth Salguero, diputada del Movimiento al Socialismo
(MAS).
III Congreso Mundial contra la
Explotación Sexual Infantil
Del 25 al 28 de noviembre pasado, se
llevó a cabo en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, el III
Congreso Mundial contra la Explotación Sexual de la Niñez y la
Adolescencia, en la que participaron cerca de 3.000 participantes de
más de 125 países, para intercambiar lecciones y experiencias en la
lucha contra la violencia sexual comercial infantil, examinar los
progresos y reforzar los compromisos.
Siete años después del último
Congreso Mundial, celebrado en Yokohama, Japón, en el 2001, que se
centró exclusivamente en la explotación sexual comercial de la
infancia, el Congreso del Brasil analizó también estrategias para
combatir otras formas no comerciales de explotación sexual de la
infancia, como por ejemplo la explotación sexual de niños y niñas a
manos de sus parientes en el hogar, de dirigentes religiosos, de
maestros, de soldados encargados del mantenimiento de la paz y de
grupos armados en las zonas de guerra.
Salguero impulsa la elaboración una
norma que prohíba la publicación de los anuncios que promuevan la
prostitución por cualquier medio, así como hace dos años se
presentó una Ley Integral contra la Trata y Trafico de personas donde
se prohíbe la pornografía y la prostitución aumentando las penas
cuando se trata niños, niñas o adolescentes.
La agencia ANNI Bolivia, en el
trabajo de monitoreo que hace, de nueve medios escritos del país,
observó que en un solo día éstos periódicos publicaron más de 400
anuncios referidos a servicios de damas de compañía y masajes. En
algunos anuncios se hace referencia a que las personas que ofrecen
servicios sexuales son personas mayores de 18 años y en otros que no
se aceptan avisos con expresiones obscenas.
En Bolivia, existe el Consejo
Nacional de Ética, conformado por la Asociación de Periodistas de La
Paz y la Asociación Nacional de la Prensa, y creado con la intención
de que la gente acuda a este tribunal para denunciar y emitir fallos
condenatorios a los excesos de la libertad de prensa, sin embargo
hasta el momento no se presentó ninguna denuncia referida a estos
casos.
Agencias de empleo, lugares de
reclutamiento
En el caso de las agencias de empleo,
que si bien son una vía para conseguir una fuente de trabajo, a
éstas no les importa que se respeten los derechos laborales de las
personas. Además, muchas de ellas se han constituido en captadoras o
enganchadoras para otro delito que es la trata de personas, que tiene
como una de sus finalidades la violencia sexual comercial, explicó la
abogada Elizabeth Zabala, coordinadora de la Pastoral de Movilidad
Humana de la Conferencia Episcopal Boliviana (CEB).
Las necesidades económicas de la
mayoría de las familias bolivianas, obliga a muchas personas menores
de edad a buscar trabajo por medio de avisos, los cuales se observan,
generalmente en lugares como tiendas, fríales, café internet,
peluquerías, así como algunos anuncios de becas de estudio o
trabajo, que en realidad son carnadas para captar a las víctimas.
”En el país existen más de 500
agencias de empleo que funcionan al margen de una norma que regule su
actividad y se encuentran ubicadas especialmente en los ejes troncales
del país, es decir Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y El Alto”, dijo
Oscar Lozano Peñalosa, responsable del Área de Empleo, de la
Dirección General de Empleo del Ministerio de Trabajo.
Por ello, el año pasado
instituciones como el Ministerio de Trabajo, Defensor del Pueblo, la
Pastoral de la Movilidad Humana, Central Obrera Boliviana (COB), entre
otras organizaciones, trabajaron en la formulación de un proyecto de
Decreto Supremo que regularice el funcionamiento de las agencias de
empleos, el mismo que aún se encuentra en proceso de revisión por
parte del Poder Ejecutivo.
Este Proyecto de Decreto busca dar un
registro a las agencias de empleo, para que la persona que ponga una
agencia se dedique exclusivamente a ese rubro y no tenga que estar
comercializando bienes inmuebles, por ejemplo.
Las agencias, tampoco podrán hacer
enganches de trabajo en la ciudad para llevar trabajadores a otras
zonas o departamentos, menos a otros países y en caso de que una
persona ejerza un determinado oficio, debe ser contratado sólo para
realizar ese trabajo.
La propuesta también plantea que en
el caso de las personas menores de edad, las agencias de empleo
deberán exigir documentos personales, además del permiso
correspondiente de sus padres o tutores para trabajar.
¿Qué hacer frente a este
delito?
Para combatir este delito debemos
trabajar coordinadamente, no sectorialmente, ni siquiera
coyunturalmente, debe ser una toma de conciencia permanente,
coordinada con la sociedad. El propio Estado y todas las instancias
públicas y privadas tiene que hacer eco permanente a la demanda de un
mejor atención y mayor presupuesto para atender esta problemática,
afirmó Tania Suxo Iturri, Coordinadora Nacional de Monitoreo y
Evaluación de Save the Children, una ONG que trabaja en la defensa de
los derechos de la niñez y la adolescencia.
Se debe trabajar de manera integral y
conjunta esta problemática, es bien importante trabajar de la mano de
las políticas públicas que vaya a lanzar y hacer un control social
al respecto, en opinión de Freddy Huaraz Murillo, jefe de la Unidad
de Asuntos Generacionales del Viceministerio de Justicia.
La Ley No.3325, Contra la Trata y
Tráfico de Personas y otros delitos relacionados establece una
sanción con privación de libertad de ocho a 12 años para
aquella(as) persona(s) que por medio de engaños, amenaza, uso de la
fuerza o aprovechándose de la vulnerabilidad, induzca, realice o
favorezca el traslado o reclutamiento, privación de libertad o
recepción de seres humanos, dentro o fuera del territorio nacional,
con fines de explotación o violencia sexual comercial.
Fuentes recomendadas:
Nombre - Elizabeth Zabala,
coordinadora de la Pastoral de Movilidad Humana Bolivia.
Tell.-2313098- 70628122 E-mail: elizabalatorres@yahoo.es
Nombre - Oscar Lozano Peñaloza,
Responsable del área de empleo, de la Dirección General de Empleo
del Ministerio de Trabajo Tel.: 2419228 - 72512342 E-mail:
oslo_246@hotmail.com
Nombre – Fredy Huaraz Murillo, jefe
de la Unidad de Asuntos Generacionales del Viceministerio de Justicia
Tel.: 70154096 E-mail: shuaraz@hotmail.com
Nombre - Tania Suxo Iturri,
Coordinadora Nacional de Monitoreo evaluación de Save the Children.
Tel.: 71536816 E-mail: taniasuxo@yahoo.com
Redacción: Wendy Medina y Andrea
Goyzueta Edición: Julia Velasco
ANNI Bolivia / COMCOSUR MUJER
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